Cuando se pensaba que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) se iba a quedar con el ida y vuelta en la justicia de Lácteos Vidal y la irracionalidad de pretender que se re contraten a ocho trabajadores despedidos, siempre el sindicato ofrece un capítulo triste más en su historia.

En esta oportunidad el conflicto se trasladó a  Lácteos Silvia, una empresa fundada en 1999 que comenzó con un empleado en Luján y que fue creciendo a fuerza de mucho trabajo familiar. La firma encabezada por Susana Peretto hoy tiene en aquella planta inicial toda la estructura de logística y distribución, mientras que produce en otras dos que fueron comprando a empresas que hoy ya no existen, San Sebastián y Suipacha, empleando a 125 personas en total.

A medida que fueron creciendo la gremial lechera le fue exigiendo cada vez más cosas. Lo último había sido tomar a un grupo de mantenimiento tercerizado y ahora la excusa de las acciones está en la obligatoriedad del traspaso del gremio de Comercio a Atilra de una persona encargada de limpieza del sector externo de una de las plantas.

Esto motivó una manifestación muy similar a un bloqueo, que incluyó aprietes a quienes salían o entraban de sus turnos de trabajo, mientras el acampe disfrutaba de una choripaneada, que fue levantada por la propia dueña de la planta, que sabe que en cualquier momento debe recibir a una de las auditorías que hacen las cadenas de supermercados donde comercializan sus productos.

Susana Peretto se define como “endeudada hasta dentro de dos vidas”, porque todo lo que tiene lo ha invertido en su empresa, donde trabaja con su marido y sus hijos.

En Lácteos Silvia no se debe nada, todo está en regla, e incluso el sindicato le pone reglas especiales, aunque es una pyme y el famoso aporte solidario debería ser de 750 pesos por empleado por mes, además del aporte sindical tradicional. A ellos les cobran 1.500, como si fueran grandes.

Pero parece que el mayor problema -que no se dice abiertamente- es que esta pyme se está tecnificando y quiere crecer. A través de una hipoteca, lograron comprar en Colombia una línea de envasado de leche larga vida en sachet, con lo cual ampliarían de buena forma su cartera de productos. La máquina está en pleno proceso de puesta en marcha y para el gremio parece entonces el tiempo ideal de interferir.

Cristian Fenoglio, el secretario general de Atilra en Chivilcoy, está constantemente hostigando a la empresa y a sus titulares, sobre todo desde hace un mes, cuando organizó una suerte de charla dentro de la empresa, una asamblea que logró sacar de todos los puestos de trabajo a los empleados, generando pérdidas de miles de litros de leche y millones de pesos.

Hay una práctica habitual del gremio que implica una adaptación respecto de los anteriores bloqueos, que actualmente son considerados posibles causales de despido. Son estas reuniones tipo asambleas que se activan a través de las acciones de cuatro delegados y una congresal de género, aunque deberían ser dos personas las que por lo menos tengan fueros. El acampe de este miércoles volvió a tener esos matices.

El sindicalista Fenoglio conmina a los empleados a participar de estos encuentros, porque en caso contrario no les entrega los bonos que precisan los trabajadores para la atención de la salud, en una localidad pequeña como Suipacha, por ejemplo, donde todos se conocen y saben donde viven. Por eso los aprietes son mucho más habituales, sutiles o explícitos, como ya hemos visto en infinidad de casos, los más recientes en Sancor y Lácteos Vidal.

“Hace muchos meses que venimos demasiado presionados y considero muy injusto que el esfuerzo de toda una vida una persona tenga el poder de arruinarlo”, sostuvo Susana remarcando que el reclamo por el traspaso gremial de una persona se está cursando en el Ministerio de Trabajo y que ninguno de sus trabajadores está de acuerdo con las acciones que motiva el Secretario General del gremio, que pareciera tener aspiraciones de exposición, camino a las elecciones que Atilra definirá el año próximo en el inicio del segundo semestre.

“Lo que está claro es que quiere inventar un problema donde no lo hay, porque tienen una capacidad de daño enorme, sin arriesgar ellos nada. Todo termina traduciéndose en una cuestión económica, en el interés que tienen en sumar fondos, pero no se dan cuenta que esto puede afectar a la empresa y en definitiva a sus propios representados”, dice la empresaria pyme.

En la charla, Susana menciona una frase que trasluce absolutamente la realidad: “Según el secretario general, hasta las moscas tienen que ser de Atilra”, tomando decisiones como si fueran los responsables de las plantas, sin medir el impacto posterior.

La demonización que han hecho los sindicatos de los dueños de las empresas, pero al mismo tiempo de las pymes, que son las movilizadoras del trabajo en los pequeños pueblos y localidades, es llamativa. Lo que no consigue el sindicato es que los propios trabajadores terminen rechazando o despreciando a quienes les pagan sueldos, porque son muy importantes. A modo de ejemplo, alguien que toma la guardia los domingos para la recepción de materia prima puede estar por encima de los 3,5 millones de pesos mensuales, por lo tanto el daño colateral de estas estrategias puede poner en riesgo a estos puestos de trabajo, a la maquinaria empleadora, pero al mismo tiempo a un gremio que se desespera por fondos para sostener una estructura que no está dispuesto a recortar.

En este momento se está debatiendo la paritaria a nivel nacional del sector lechero, que se complica en el acuerdo, pero ya se dice que más allá del ajuste por inflación a los trabajadores, lo que es el tercer aporte sindical orientado a la salud y que pagan las grandes, podría trepar de 30 a 38 mil pesos. Esto es algo a lo que la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas no acceden y aquí hay otro motivo por el cual presionar.

Susana se siente “descorazonada ante el abuso sindical sin sentido”. Lo cierto es que su temperamento hace que se resista a resignarse y está dispuesta a hacer todas las denuncias que sean necesarias para defender a su empresa, a su familia y a todos los trabajadores que están detrás de los 150 a 180 mil litros de materia prima que procesan de lunes a sábado.

Lamentablemente, muchos de los vínculos políticos que tiene Atilra en la provincia de Buenos Aires pueden complejizar el trayecto de este caso, sin embargo, en la Justicia las circunstancias se presentan de forma diversa.

Elida Thiery